Tras la sentencia de la Corte de San José sobre el caso Castro Castro, el presidente Alan García tomó fuerzas para defender, ante el asombro de los expertos, la inclusión de la pena de muerte en la legislación. El jurista José Ugaz analiza esta situación y, sumándose a sus colegas, trata de explicar, una vez más, la inviabilidad del planteamiento presidencial.

¿Cómo evalúa el proyecto del presidente de someter a referéndum la pena de muerte?
No es procedente porque el referéndum está prohibido para lo que implica la afectación de los derechos fundamentales, y acá hablamos de la afectación al derecho a la vida. En el entendido de que los derechos humanos son progresivos, es decir, que solo pueden regularse para mejor pero no para peor, en ese caso la prohibición en la Constitución impediría la realización de esa consulta popular.

Lo curioso es la insistencia del mandatario y de los del partido Aprista, a quienes ahora se les ha unido la bancada fujimorista.
En el caso de los fujimoristas está clara la razón por la que lo hacen: Porque ellos aplicaron las ejecuciones extrajudiciales de manera indiscriminada. En el caso del Partido Aprista, me parece que tiene que ver con un cierrafilas en torno a lo que dice su líder. Pero bueno, no es la primera vez que salen líderes a decir cosas que no son viables como, por ejemplo, plantear el retiro de la competencia de la Corte de San José.

¿Es preocupante este supuesto matrimonio entre el aprismo y fujimorismo?
No sé si es un matrimonio, pero son coincidencias que, cuando menos, son inoportunas. Ya bastante se ha dicho sobre los silencios en materia de extradición del actual gobierno, que ha argumentado que esto contaminaría políticamente el proceso cuando la extradición es una institución política-jurídica; por tanto, no se contamina si un Estado insiste en que se cumpla. Esto puede agregar un halo de sospecha sobre lo que se viene especulando, y este acuerdo y coincidencia no parece ser estéticamente correcto.

¿Cuál sería el objetivo de esta terquedad presidencial?
No lo he dicho yo, lo dice Javier Valle Riestra, que es del mismo partido, quien asegura que lo que aparentemente se busca es complacer al pueblo en una actitud que no es pedagógica, en palabras de Valle Riestra, sino más bien demagógica.

¿El Gobierno pretendería distanciarse de la Corte ante posibles sentencias en su contra?
Efectivamente, no es la primera vez que un gobierno arremete contra la Comisión o la Corte Interamericana. Sin embargo, a lo largo de estos años es más difícil jugar un papel fundamental en la protección de los derechos humanos. A mí no me sorprende esta situación, porque es cíclica.

Se podría decir que el presidente García no ha aprendido de la historia.
Sí. Esto también ha pasado en distintos momentos; por ejemplo, el presidente (Fernando) Belaunde, que era un demócrata cabal, dijo que iba a tirar a la basura un informe de Amnistía Internacional que cuestionaba al Perú por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, y cosas parecidas ocurrieron en el primer gobierno del Apra y con el fujimorismo. Probablemente donde no ocurrió fue en el gobierno de (Alejandro) Toledo, al que ahora quieren pasarle la factura por haber aceptado la responsabilidad del Estado peruano en asesinatos que no admiten discusión.

Si la pena de muerte prosperara, ¿cuáles serían las consecuencias para el Estado peruano?
Creo, primero, que habría un efecto político internacional muy delicado y pasaríamos a ser vistos como parias en el contexto internacional porque los países, más bien, tienden a evolucionar, no a involucionar, en temas de derechos humanos. Las consecuencias jurídicas tendrían que ver con la asimilación al sistema interamericano, y esto puede generar sanciones de la OEA, y los propios expertos en la materia han desaconsejado esta opción.

¿Es posible que el Perú solicite una revisión o reservas al Pacto de San José?
No, eso no es viable porque significaría una modificación de un estatus adquirido y queda claro que, una vez que uno avanza en materia de la convención, ya no se puede retroceder.

*Jurista 

Publicado el martes 16 de enero de 2007, en diario Perú 21.